Por posibles irregularidades presentadas en un contrato celebrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los entonces secretario general de la Unidad de ese organismo, Juan Felipe Acosta Parra, y la subdirectora general y supervisora del bilateral, Katherin Lorena Mesa Mayorga. 

La investigación también cobija a la representante legal de la Corporación Colombiana de Agricultura Urbana y Conservación del Ambiente (Corambiental), para la época de los hechos, Nancy Lucila Manotas Ortiz, quien suscribió el cuestionado negocio jurídico.

El Ministerio Público investiga posibles sobrecostos en los productos y servicios convenidos e irregularidades en la etapa precontractual y durante la ejecución de este contrato celebrado para desarrollar “actividades de formación solidaria dirigido a emprendedores incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) para fomentar la cultura emprendedora que permita la constitución de organizaciones solidarias”.  

Adicionalmente se busca establecer si Corambiental incumplió con algunas de sus obligaciones, como no contar con una cuenta bancaria desde el inicio de la ejecución del convenio lo que pudo afectar una parte de los rendimientos financieros.   

Por último, y con el fin de determinar la existencia de los señalados sobrecostos y verificar desde qué fecha se generaron los rendimientos bancarios, la Procuraduría solicitó, entre otras pruebas, a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial.